Hoy, el periódico inglés
The Economist sacó una nota sobre el ex presidente Ernesto Zedillo y el caso de
Acteal http://soplo.cl/c/0tr . “Después de quince
años un tribunal estadounidense se prepara para juzgar al hombre que llevó a la
democracia a México por crímenes de guerra”, dice el influyente medio
londinense.
A continuación
transcribo, resumo y ordeno el texto del diario londinense que lo encontré muy
interesante.
El ahora profesor de la
Universidad de Yale enfrenta un juicio civil en los Estados Unidos por
supuestamente 10 indígenas de habla tzotzil y que se dicen ser sobrevivientes
de la masacre de 1997. Según el
Econimist, los indígenas buscan 50 millones de dólares y que se le declare
culpable a Zedillo.
Aquella ocasión, fueron
condenados varias personas entre ellas funcionarios de bajo nivel, pero la
Suprema Corte de México después anuló 36 de las condenas. Los abogados del
señor Zedillo afirman que el ahora ex presidente no tenía nada que ver y que
tenía inmunidad legal por sus funciones como jefe de Estado.
El día 7 de septiembre —o
sea hoy—, el departamento de Estado de Estados Unidos debe decidir si hace como
valida la inmunidad. El diario explica que de seguir el juicio contra Zedillo,
alguien después podría demandar también a Calderón por sus casi 60 mil muertos
—pero sabemos en México que la cifra podría llegar hasta 120 mil en su guerra
contra el narco—, por eso, este caso lo sigue bien de cerca el Presidente.
Felipe Calderón tiene
muchos enemigos muy peligrosos por sus seis años de lucha contra la delincuencia
organizada, muchos por manos de las fuerzas federales. Se rumora que ya está
buscando un nicho en una universidad estadounidense. Si se otorga la inmunidad
a Zedillo, lo mismo pasaría con el actual presidente.
Hay cosas turbias en el
caso de Zedillo, para empezar, los indígenas tzotziles han optado por
permanecer en el anonimato. Los documentos de la corte dicen que los diez demandantes
son residentes de Acteal, pero los habitantes de esa comunidad dicen lo contrario.
Porfirio Arias, uno de los líderes de los indígenas dice de los
demandantes:”Para nosotros, estas personas no existen”.
Caber señalar que el
señor Porfirio Arias no es pro Zedillo, de hecho él ha luchado por enjuiciar al
ex presidente. Pero dice, “No tenemos miedo del gobierno… los sobrevivientes no
ocultan sus rostros” además aclara que a ellos no les interesan 50 millones de
dólares. El abogado de los demandantes,
Roger Kobert, sostiene que el anonimato es porque “tienen un gran temor por las
represalias”.
También no está claro
como diez indios tzotziles del estado más pobre de México lograron llevar el
caso a esos niveles. Según Kobert, los diez demandantes fueron presentados por
abogados mexicanos, pero también los litigantes quieren permanecer en el
anonimato.
Tampoco ninguna
organización de derechos humanos que se dedica a estas causas los apoya. Los
que trabajan en materia de derechos humanos de México en el mundo desconocen
quienes son esos abogados mexicanos, se dicen extrañados y sorprendidos.
Por otra parte señala el
Econimist, que en un correo, el propio Carlos Salinas declara que no conoce los
abogados de las partes. Él dice que espera que el caso sea compatible con la
ley y no obedezca a intereses políticos. Ya que podrían culparlo, porque como
se sabe, tuvo discrepancias con su
sucesor como él mismo lo dice en sus memorias.
Las evidencias
recolectadas en contra del Ernesto Zedillo hasta ahora aparecen endebles. Entre
las pruebas que hay en un sitio web creado por los abogados de los demandantes,
enumeran cinco informes de prensa y una nota informativa de 1995 de Chase
Manhattan Bank. Kobert dice que planea llamar a ex funcionarios federales en
calidad de testigos, pero también permanecerán en anonimato por el momento.
El sitio web Actal97
también incluye un enlace a un informe supuestamente escrito por un fiscal
especial en Chiapas que culpa a Zedillo por la masacre. Curiosamente, el
informe no tiene fecha. Después, el fiscal general emitió un comunicado
diciendo que el documento es falso y que los fines que persiguen son
desconocidos.
Amigos de Zedillo dicen
que no cuenta con los 50 millones de dólares y que él ha tenido que pagar sus
gastos legales. Su buen nombre también está en juego. El abogado del ex presidente
se dice sorprendido que el caso basado en acusaciones tendenciosas y con
demandantes anónimos haya llegado tan lejos.
“No puedo recordar un
importante caso de derechos humanos en que los demandantes sean anónimos” dice
el activista Sergio Aguayo, que ha llevado casos ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos —señala el diario
inglés—, además el gobierno de México ha dicho a Estados Unidos que no tiene
derecho a juzgar asuntos que tuvieron
lugar fuera de su territorio y no impliquen a estadounidenses.
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